El territorio de la Comunidad Valenciana en 2020

El horizonte del territorio y de las ciudades de la Comunidad es esperanzador, tanto en el sentido de su “línea del cielo”, como en el de su futuro.

Nuestra Comunidad ha pasado tiempos de tremenda explotación edificatoria, incluso de baja calidad, y algunos de los mejores paisajes de su costa han sido debastados por un urbanismo sin todo el control y visión de futuro necesarios. Afortunadamente, el genio latino –azuzado, cierto es, por denuncias internas y externas- llevó en los muy productivos años 2004 a 2006 a la gestación de un nuevo modelo normativo de ordenación del territorio, protección ambiental y paisajística  y control sobre el urbanismo.

Como ocurre siempre con las innovaciones que restan facilidades a los negocios inmobiliarios, las resistencias al nuevo bloque legislativo fueron –y siguen siendo- duras, con añoranzas de tiempos anteriores en los que fue posible la transformación del territorio y la creación de ciudad con menos controles de los necesarios. Probablemente, menos controles de los que en tiempos anteriores habían sido necesarios.

La reclasificación de grandes extensiones de suelo rústico sin necesidad de revisar el planeamiento general, la actividad edificatoria y de transformación del paisaje sin control previo específico y otras prácticas administrativas –muchas veces interpretando las leyes de manera demasiado favorable a los proyectos de transformación y edificación- parecían llevar a la Comunidad a su virtual transformación en un continuo mar de urbanizaciones y a la imposibilidad de un modelo territorial sostenible.

Al paso de esta deriva peligrosa se dictó entre 2004 y 2006 un nuevo cuerpo legislativo –nuevas leyes y reglamentos sobre ordenación del territorio, paisaje, urbanismo, suelo no urbanizable, vivienda, edificación y protección ambiental- que ha impuesto un cambio de rumbo radical. En este nuevo cuerpo normativo –que tiene que ser implementado con nuevas normas sobre evaluación ambiental estratégica y que está siendo desarrollado con planes territoriales de actuación y con directrices estratégicas territoriales- se pone coto definitivamente al llamado urbanismo salvaje y se perfila un futuro sostenible, más natural y más humano. A esto se suma un amplio proceso de implantación de parques y parajes naturales protegidos que salva una parte importante del territorio de la Comunidad Valenciana.

El camino no será -y no fue- fácil, ya que todos los objetivos normativos no pudieron cumplirse –pues las presiones de los grupos de interés no permiten siempre el definir el interés general en toda su pureza- y probablemente es preciso que la Unión Europea todavía obligue a rectificar aún más cosas, pero los mecanismos de planificación y control están ya previstos y los ajustes no harán sino profundizar en el buen camino emprendido.

La obligada reflexión sobre el planeamiento estratégico del desarrollo futuro del territorio, para definir un modelo del espacio físico de la Comunidad, así como una opción muy clara –expresada en los preámbulos de las leyes- por la concentración urbana, salvando la mayor parte posible de territorio para espacios naturales o agrarios, la anteposición de la reforma y rehabilitación urbana antes que por la transformación de más suelo rústico en urbanizado, prometen una Comunidad sostenible en la que al amplio catálogo de espacios protegidos de uno u otro tipo (parques y parajes naturales, lugares de interés comunitario, zonas de protección de aves y otras figuras) se sumen amplias extensiones de monte y de cultivos agrarios, de manera que se combinen los espacios urbanos de calidad –sostenibles y saludables- con un entorno natural garantizado y no sometido a operaciones especulativas.

La base normativa ya está fijada y la ordenación ya está en marcha , por lo que es difícil que pueda producirse –el mercado parece que tampoco lo permite- una expansión de los ámbitos urbanos sobre los rurales y esto, unido a la mayor conciencia ambiental de los ciudadanos, de las empresas –éstas ya cuentan con un instrumento normativo para desarrollar sus acciones de ciudadanía corporativa, que incluyen la proactividad ambiental- y de los poderes públicos, va a generar un territorio mucho mejor que el que actualmente tenemos.

Decimos que el futuro del territorio de la Comunidad Valenciana –focalizado ahora en el 2020- será mejor, pues no sólo se trata de las actuaciones urbanísticas que desde 2006 tienen que someterse a un control mucho más exhaustivo –y más exhaustivo será en el futuro-, sino que se ha iniciado el desarrollo de planeamiento y definición de estrategias territoriales que van a llevar a unos entornos ciudadanos y rurales de mucha mayor calidad. Probablemente, en los próximos diez años se hayan agotado los efectos de los planes y programas provenientes de la etapa expansiva del urbanismo edificatorio y –en cambio- estén ya produciendo efecto los nuevos instrumentos de ordenación territorial y los, asimismo, nuevos planes municipales se habrán elaborado ya conforme a las normas y principios de la legislación actual, con las nuevas técnicas de evaluación ambiental y consideración paisajística.

Hay otro aspecto que promete que al final de la próxima década contemos con un territorio mejor en la Comunidad Valencia y es que el desarrollo industrial tiene que ser forzosamente sostenible. No se trata sólo de la implantación muy amplia de las energías renovables –que es ya casi una realidad y será completa cuando se puedan aprovechar las potencialidades de nuestro litoral para incrementar la generación y la mejor gestión de la biomasa-, sino del pleno desarrollo de los mecanismos administrativos para las autorizaciones ambientales de las actividades económicas –normativizados pero todavía no plenamente operativos- y de la prevención y responsabilidad ambiental, último avance del principio del que contamina paga y que empieza en 2010 el despegue definitivo para su exigencia a todas las actividades potencialmente susceptibles de generar daños ambientales.

Un punto de riesgo escapa de las posibilidades de las autoridades con competencia en nuestro territorio, Estado, Comunidad Autónoma y Entidades Locales, y es el del cambio climático. En este punto la actuación de estas Administraciones no alcanza a prevenir y gestionar la totalidad del riesgo. El esfuerzo notable de ellas –la Generalitat cuenta, por ejemplo, con una Dirección General específica dedicada al cambio climático- no alcanza a disipar las incógnitas que ofrece el eventual avance de la desertización o la posibilidad de subida del nivel del mar Mediterráneo y su efecto sobre el litoral.

Pero, suponiendo una gestión eficiente del problema del cambio climático por parte de los operadores nacionales e internacionales responsables, el estado del territorio de la Comunidad Valenciana en 2020 nos parece que es prometedor. Al menos, no van a volver a producirse desarrollos incontrolados de actuaciones residenciales y hay elementos suficientes para tener una fundada esperanza de que tanto el medio urbano –con las acciones de reforma urbana, rehabilitación y mayores y mejores dotaciones- como el rural y natural –con toda la panoplia de ordenación territorial, estrategias de desarrollo, protección y prevención ambiental- van a experimentar sustanciales mejoras y podremos exportar en ese año no sólo productos y tecnología, sino también un modelo de ordenación sostenible.